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Andalucía supera los 100.000 inmuebles certificados energéticamente

Casi la mitad de los inmuebles auditados han recibido una E, mientras que a tres de cada diez ha correspondido una G.

Andalucía ha superado ya la barrera de los 100.000 certificados energéticos registrados a través de la aplicación on line que en junio de 2013, coincidiendo con la entrada en vigor de su obligatoriedad, puso en marcha la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. Se trata de una herramienta que facilita y agiliza la realización de ese trámite, de manera que los ciudadanos no tengan que desplazarse hasta la Delegación Territorial para llevarlo a efecto.
El volumen total de registros tramitados un año después de su puesta en marcha asciende a 104.810, de los que Málaga y Sevilla copan el 50%, y el resto se distribuye por las provincias en porcentajes que abarcan desde el 13% de Almería hasta el 4% de Huelva y Jaén.
En virtud del Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, deben efectuarse certificaciones energéticas en inmuebles que estén en uso si su propietario desea venderlo o alquilarlo, así como en todos los edificios administrativos donde se ocupe una superficie igual o superior a 250 metros cuadrados y sean frecuentados por el público.
Hasta su entrada en vigor, a mediados de este año, en Andalucía ya existía un decreto autonómico, el 169/2011, de 31 de mayo, que establecía la obligatoriedad de realizar una certificación energética para edificios de nueva construcción o sometidos a grandes reformas. Ese certificado andaluz no sólo recogía la calificación energética del edificio, sino también el cumplimiento de las exigencias básicas de ahorro energético y energías renovables, así como la validez de los Planes de Gestión de la Energía, que también deben elaborarse de acuerdo con dicha norma.
Con la puesta en marcha del decreto de 2013, esa obligatoriedad también se hace extensiva por parte del Gobierno Central a las edificaciones existentes de todo tipo que se vendan o alquilen, y a una parte de las sedes administrativas.
Por lo que respecta a las calificaciones recibidas, casi la mitad de los inmuebles auditados han recibido una E, mientras que a tres de cada diez ha correspondido una G. Por otra parte, F y D suponen, respectivamente, un 14% y un 9% del total, mientras que las tres categorías superiores (A, B y C) no representan en conjunto más del 4% del total.

Oportunidades de negocio

La directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, María José Asensio, ha manifestado que la realidad percibida a través de los certificados constituye "un diagnóstico del parque residencial andaluz" que, de acuerdo con los datos ofrecidos, posee "un amplio margen de mejora, con las posibilidades de ahorro energético y, en consecuencia, económico que actuaciones encaminadas a ese fin podrán representar para el ciudadano".
Asimismo, Asensio ha considerado que dentro de ese ámbito se generan "importantes oportunidades de negocio para los técnicos y para el propio sector de la construcción". Por ejemplo, una vivienda con calificación B gastaría al año en calefacción alrededor de 400 euros, mientras que el consumo de otra calificada con la letra G requeriría no menos de 2.000.

Andalucía ya ha tramitado 60.000 certificados de eficiencia energética

Andalucía ha cerrado el año superando la barrera de los 50.000 certificados energéticos tramitados a través de la aplicación on line diseñado por la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo para que, de este modo, los profesionales que efectúen las auditorías energéticas en los distintos inmuebles puedan registrar los certificados concedidos por vía telemática. Así se consigue, por una parte, evitar a los ciudadanos la realización de ese trámite, y por otra facilitar su ejecución a los especialistas, que no deben desplazarse para ello hasta una Delegación Territorial. En virtud del Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, deben efectuarse certificaciones energéticas en inmuebles que estén en uso si su propietario desea venderlo o alquilarlo, así como en todos los edificios administrativos donde se ocupe una superficie igual o superior a 250 m2 y sean frecuentados por el público. Hasta su entrada en vigor, a mediados de este año, en Andalucía ya existía un decreto autonómico, el 169/2011, de 31 de mayo, que establecía la obligatoriedad de realizar una certificación energética para edificios de nueva construcción o sometidos a grandes reformas. Ese certificado andaluz no sólo recogía la calificación energética del edificio, sino también el cumplimiento de las exigencias básicas de ahorro energético y energías renovables, así como la validez de los Planes de Gestión de la Energía, que también deben elaborarse de acuerdo con dicha norma. Con la puesta en marcha del decreto de 2013, esa obligatoriedad también se hace extensiva por parte del Gobierno central a las edificaciones existentes de todo tipo que se vendan o alquilen, y a una parte de las sedes administrativas. Por ese motivo, y para facilitar las gestiones que implica el registro del nuevo certificado –algo que el Gobierno central ha derivado hacia las autonomías-, la Junta de Andalucía ha adaptado la Orden de 25 de junio de 2008 con el propósito de que toda la tramitación pueda realizarse on line, evitándose molestias al usuario. Actualmente, a finales de diciembre, la aplicación on line que lo permite se ha convertido en el tramite teemático más utilizado de todos los desarrollados por la comunidad autónoma. Del mismo modo, la gestión telemática de estos trámites facilita la simplificación administrativa, transparencia y accesibilidad a la información y a los servicios, constituyendo además una herramienta que facilita el control administrativo de los certificados que se registren y el acceso sencillo de los ciudadanos a la información, al que tienen derecho de acuerdo con la normativa vigente.

Los servicios provinciales de consumo de la Junta de Andalucía comprueban si las viviendas en compraventa o arrendamiento disponen de certificado de eficiencia energética.

CONSTRUIBLE - 10/09/2013 Los servicios provinciales de Consumo están comprobando si las viviendas que se venden o alquilan disponen del correspondiente certificado y de la etiqueta de eficiencia energética, en los supuestos en los que están obligados por la normativa estatal que, a su vez, desarrolla una directiva comunitaria en este ámbito. Con estas nuevas actuaciones, la Junta refuerza la campaña que viene realizando desde el pasado mes de marzo para comprobar los requisitos de información sobre alquiler y compraventa de viviendas, ya se encuentren en proyecto, en construcción o ya construidas, así como apartamentos turísticos, con especial incidencia en las ofertadas por las entidades financieras. La inclusión de estas inspecciones en el marco de la citada campaña obedece a la obligación que el reciente Real Decreto 235/2010, de 5 de abril, exige sobre la existencia de certificado y de la etiqueta de eficiencia energética para toda vivienda cuando su propietario o propietaria desee venderlo o alquilarlo. De este modo, la normativa establece que cuando se venda o alquile un edificio, antes de su construcción, deberá facilitarse el certificado de eficiencia energética del proyecto que se está ejecutando y, si las obras han finalizado, el certificado del edificio terminado. De otro certificado similar se debe disponer para los de edificios existentes. Todos ellos deberán registrarse en la delegación territorial de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la respectiva provincia. El certificado es obligatorio para edificios de nueva construcción, los ya existentes que se vendan o alquilen y que no dispongan de uno en vigor, así como aquellos que tengan una superficie útil superior a 250 metros cuadrados, estén ocupados por una autoridad pública y sean frecuentados habitualmente por el público. Etiqueta Energética El citado documento irá acompañado de una etiqueta que indicará el nivel de calificación energética obtenida, si se refiere al certificado de eficiencia del proyecto o del edificio ya construido, así como el número de inscripción en el correspondiente registro para que tenga plena validez. La etiqueta se incluirá en toda oferta, promoción y publicidad destinada a la venta o arrendamiento de la vivienda. Están excluidos expresamente de estas obligaciones los edificios y monumentos protegidos oficialmente por estar en un entorno declarado o por su particular valor arquitectónico e histórico; los destinados en exclusiva a lugares de culto y actividades religiosas; construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización de dos o menos años; edificios industriales, de defensa, agrícolas o destinados a talleres, procesos industriales, defensa o agrícolas no residenciales. Por último, los edificios aislados que se compren para reformar o demoler, las viviendas que tengan una superficie útil inferior a 50 metros cuadrados y aquellas con un uso inferior a cuatro meses al año o bien durante un tiempo limitado y con un consumo de energía inferior al 25% de la que se emplearía en un año. La campaña de inspección sobre alquiler y compraventa de viviendas, además de comprobar aspectos generales como la existencia del libro de quejas y reclamaciones, se inspecciona la información que se ofrece al público a través de vallas y folletos publicitarios sobre las características de las viviendas y el Documento Informativo Abreviado (texto obligatorio que debe entregarse al comprador y que contiene los datos más relevantes del inmueble y de la oferta económica). Para obtener más información sobre la compra y venta de vivienda puede consultarse el microespacio realizado por la Secretaría General de Consumo con consejos y recomendaciones, garantías y derechos de las personas consumidoras y usuarias y la forma de ejercerlos. Esta información está disponible en la plataforma multicanal de Consumo Responde y a través de las redes sociales. Enlaces externos: www.juntadeandalucia.es

Andalucía crea una certificación para garantizar el uso eficiente de la energía en la construcción y la industria.


CONSTRUIBLE - 10/06/2011
El Consejo de Gobierno ha aprobado el Decreto de Fomento de las Energías Renovables y la Eficiencia Energética, norma que establece las exigencias básicas en estas materias y crea una certificación para garantizar su cumplimiento en la construcción y la industria. Su desarrollo supondrá en los próximos siete años un ahorro previsto de alrededor de 388.000 toneladas equivalentes de petróleo. El consejero de Economía, Innovación y Ciencia, Antonio Ávila, ha declarado que la nueva regulación pone de manifiesto la "decidida política de ahorro y eficiencia energética" de la Junta de Andalucía que, a su juicio, revierte en el fortalecimiento del tejido industrial, la extensión de las energías renovables y su capacidad para generar empleo.
Entre otras medidas, el decreto fija objetivos concretos y plazos para la implantación de sistemas constructivos eficientes y el uso de energías renovables en edificios e instalaciones industriales; la utilización de biocarburantes en el transporte, y el aprovechamiento energético del biogás que se genera en los centros de producción y gestión de residuos. Respecto al primero de estos aspectos, la norma propiciará durante los próximos siete años un ahorro energético de 77.000 toneladas equivalentes de petróleo (tep) en la edificación y de 211.000 en el sector industrial. Por su parte, las medidas relativas a biocarburantes facilitarán la sustitución de 100.000 tep de combustibles convencionales.
La consecución de estos objetivos se acreditará, entre otros instrumentos, a través de la nueva figura del Certificado Energético Andaluz, que será imprescindible tanto para el otorgamiento de autorizaciones y licencias como para la puesta en servicio de las instalaciones y el suministro energético. Ávila ha resaltado que este certificado se exigirá en las fases de redacción y finalización del proyecto, y ha incidido en que la exigencia se aplicará tanto a edificios de nueva construcción como a las nuevas instalaciones industriales.
Así, frente al certificado informativo que exige la normativa estatal, el autonómico tendrá carácter de requisito obligatorio previo a la construcción, primera ocupación o puesta en funcionamiento de los edificios e instalaciones, además de proporcionar a la ciudadanía una información adecuada sobre el consumo energético y la calidad en la edificación. La certificación correrá a cargo de técnicos competentes u organismos colaboradores de la Administración, dependiendo de las características concretas de cada edificación o instalación.
En los dos ámbitos, los certificados tendrán una validez de diez años. Para asegurar el mantenimiento en el tiempo de los niveles de eficiencia y ahorro acreditados, el decreto regula la figura de los planes de gestión, que deberán desarrollarse en edificios de gran consumo (con una potencia térmica de instalaciones comunes superior a 70 kw) y en todas las industrias incluidas en el ámbito de la regulación.
En el caso de la edificación, los niveles de eficiencia necesarios para el certificado se calcularán siguiendo la metodología prevista en la normativa básica estatal y deberán alcanzar, como mínimo, la 'categoría D' definida en la misma. Los requisitos se exigirán a los edificios de nueva planta, a la totalidad de los del sector público andaluz (incluidos los antiguos) -por su carácter "ejemplarizante", en palabras de Ávila- y a aquellos ya existentes cuya ampliación o reforma suponga incrementar en más del 30% el consumo de energía primaria, ampliar en más de 1.000 metros cuadrados la superficie útil o renovar más del 25% de los cerramientos. Para los casos en que no sea obligatoria la certificación, se prevé el establecimiento de incentivos económicos y tributarios dirigidos a la adopción voluntaria de medidas. En este último aspecto, Antonio Ávila ha destacado la voluntariedad en el acceso a este certificado y su aportación a la "responsabilidad social corporativa" de las empresas.
Respecto a la industria, los requerimientos serán aplicables en todas las instalaciones nuevas a partir de umbrales de consumo anual definidos para cada sector y fijados por defecto en las 250 tep o en su equivalencia de suministro eléctrico en alta tensión estimado de 1.250 kw. El certificado se exigirá también a los proyectos de ampliación que supongan incrementar en un 30% el consumo de energía primaria, siempre y cuando se rebasen los umbrales mínimos.
Biocarburantes y biogás
Además de las medidas de eficiencia plasmadas en el Certificado Energético Andaluz y en los planes de gestión, el decreto establece la obligatoriedad del uso de biocarburantes en las flotas de autobuses de servicio público de transporte regular de viajeros y en los vehículos de la Junta y sus organismos autónomos.
Para las flotas de autobuses se fijan unas proporciones mínimas del 15% de biocarburantes sobre el total del combustible en el horizonte del año 2012 y del 20% en 2020. En los casos de los servicios de transporte de viajeros que circulan por el interior de espacios naturales protegidos y del parque de vehículos de la Administración autonómica, estos porcentajes se amplían al 20% en el primer plazo y el 30% en el segundo.
Asimismo, el decreto establece y regula la obligación del etiquetado de las características de los biocarburantes que se distribuyen al por menor, así como de su proporción cuando van mezclados con combustibles convencionales.
Finalmente, la norma obliga al aprovechamiento energético del biogás que se genera en instalaciones de producción y gestión de residuos, así como en vertederos cuando su potencial sea superior a los 10 millones de kwh/año.
De acuerdo con los últimos datos comparativos a nivel nacional, correspondientes a 2010 y aportados por el Instituto de Diversificación y Ahorro Energético, Andalucía dispone del 15,76% de la potencia total instalada renovable en el territorio español. Con un total de 4.923 mw, ocupa el tercer puesto entre las comunidades autónomas, por detrás de Castilla-La Mancha y Castilla y León. Figura en los lugares de cabeza en todas las tecnologías renovables y es líder en termosolar (331 mw) y en aprovechamiento y consumo de biomasa térmica (208,7 mw), además de ser la segunda comunidad en fotovoltaica (746,7 mwp).
La regulación complementa a las iniciativas que el Gobierno andaluz viene impulsando durante los últimos años para consolidar y ampliar este liderazgo y reducir la dependencia del petróleo, en el marco del Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética (Pasener 2007-2013).
Subvenciones
Entre los instrumentos que se han puesto en marcha, destaca el Programa de Subvenciones al Desarrollo Energético Sostenible de Andalucía, que desde 2005 ha respaldado más de 71.000 proyectos con un volumen total de ayudas cercano a los 300 millones de euros, y el fondo reembolsable para el impulso de las energías renovables y el ahorro y la eficiencia energética, dotado con 50 millones.
Otras serie de medidas se dirigen a trasladar los objetivos del Pasener a los ámbitos doméstico y de las pymes, con ayudas a la sustitución de electrodomésticos, aparatos de aire acondicionado, vehículos y otros equipos.
Asimismo, la Administración autonómica fomenta la elaboración de planes de optimización energética en los municipios andaluces y desarrolla la Red de Energía de la Junta de Andalucía, con más de 650 auditorías e inventarios energéticos en diversos edificios de su titularidad. A los nuevos edificios que se construyen acogidos a esta red se les exige la calificación energética de alta eficiencia definida por la normativa estatal.
El desarrollo de esta serie de iniciativas ha permitido un alto grado de cumplimiento de las metas fijadas en el Pasener, especialmente las relativas a intensidad energética primaria. Este indicador, que relaciona el PIB con el consumo, se redujo el pasado año en un 5,2% respecto a 2006, superándose el objetivo inicial del 1% para 2013.