Mostrando entradas con la etiqueta Certificado Eficiencia Energética. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Certificado Eficiencia Energética. Mostrar todas las entradas

Andalucía supera los 100.000 inmuebles certificados energéticamente

Casi la mitad de los inmuebles auditados han recibido una E, mientras que a tres de cada diez ha correspondido una G.

Andalucía ha superado ya la barrera de los 100.000 certificados energéticos registrados a través de la aplicación on line que en junio de 2013, coincidiendo con la entrada en vigor de su obligatoriedad, puso en marcha la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. Se trata de una herramienta que facilita y agiliza la realización de ese trámite, de manera que los ciudadanos no tengan que desplazarse hasta la Delegación Territorial para llevarlo a efecto.
El volumen total de registros tramitados un año después de su puesta en marcha asciende a 104.810, de los que Málaga y Sevilla copan el 50%, y el resto se distribuye por las provincias en porcentajes que abarcan desde el 13% de Almería hasta el 4% de Huelva y Jaén.
En virtud del Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, deben efectuarse certificaciones energéticas en inmuebles que estén en uso si su propietario desea venderlo o alquilarlo, así como en todos los edificios administrativos donde se ocupe una superficie igual o superior a 250 metros cuadrados y sean frecuentados por el público.
Hasta su entrada en vigor, a mediados de este año, en Andalucía ya existía un decreto autonómico, el 169/2011, de 31 de mayo, que establecía la obligatoriedad de realizar una certificación energética para edificios de nueva construcción o sometidos a grandes reformas. Ese certificado andaluz no sólo recogía la calificación energética del edificio, sino también el cumplimiento de las exigencias básicas de ahorro energético y energías renovables, así como la validez de los Planes de Gestión de la Energía, que también deben elaborarse de acuerdo con dicha norma.
Con la puesta en marcha del decreto de 2013, esa obligatoriedad también se hace extensiva por parte del Gobierno Central a las edificaciones existentes de todo tipo que se vendan o alquilen, y a una parte de las sedes administrativas.
Por lo que respecta a las calificaciones recibidas, casi la mitad de los inmuebles auditados han recibido una E, mientras que a tres de cada diez ha correspondido una G. Por otra parte, F y D suponen, respectivamente, un 14% y un 9% del total, mientras que las tres categorías superiores (A, B y C) no representan en conjunto más del 4% del total.

Oportunidades de negocio

La directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, María José Asensio, ha manifestado que la realidad percibida a través de los certificados constituye "un diagnóstico del parque residencial andaluz" que, de acuerdo con los datos ofrecidos, posee "un amplio margen de mejora, con las posibilidades de ahorro energético y, en consecuencia, económico que actuaciones encaminadas a ese fin podrán representar para el ciudadano".
Asimismo, Asensio ha considerado que dentro de ese ámbito se generan "importantes oportunidades de negocio para los técnicos y para el propio sector de la construcción". Por ejemplo, una vivienda con calificación B gastaría al año en calefacción alrededor de 400 euros, mientras que el consumo de otra calificada con la letra G requeriría no menos de 2.000.

Aclaraciones sobre el Certificado energético.

Desde que el 1 de junio de 2013 entrase en vigor la normativa sobre la certificación de la eficiencia energética de viviendas, muchas son las dudas que han surgido alrededor de este tema. A continuación se pretende despejar algunas de ellas...

 ¿A qué obliga el Real Decreto? Desde que el 1 de junio que se pusiera en marcha, el Real Decreto 235/2013 obliga, con carácter general, a todos los edificios, viviendas y locales (de segunda mano y de obra nueva) que vayan a ser alquilados o vendidos, a que cuenten con un certificado energético.

 ¿Qué aporta el certificado? El certificado pretende determinar la calidad de la vivienda desde un punto de vista de ahorro energético. La etiqueta energética clasifica los edificios y viviendas desde la A (Favorable) a G (Desfavorable). Así, un buen certificado debe detectar dónde se producen los gastos innecesarios en instalaciones debidos a malas condiciones de la vivienda o instalaciones, permitiendo al propietario aumentar la calidad de la vivienda que desea vender o alquilar.

¿Qué edificios o viviendas tienen la obligación de obtener el certificado? - Los edificios de nueva construcción. - Los edificios o partes de edificios existentes que se vendan o alquilen a un nuevo propietario/arrendatario, siempre que no dispongan de un certificado en vigor. - Edificios o partes de edificios en los que una autoridad pública ocupe una superficie útil total superior a 250 m2 y que sean frecuentados por el público. La certificación puede afectar al edificio completo o unidades independientes (pisos o locales) del mismo. Aunque se puede certificar el edificio completo siempre será más preciso calcular las viviendas de una en una.

 ¿Existe alguna excepción? Algunos edificios están exentos de la certificación energética: edificios y monumentos protegidos oficialmente, edificios o partes de estos utilizados como lugares de culto exclusivamente, construcciones provisionales con un plazo de uso nunca superior a los dos años, edificios industriales y agrícolas destinados a talleres o procesos industriales no residenciales. Tampoco necesitan el certificado aquellos edificios o partes de edificios aislados de menos de 50 m2, edificios a reformar integralmente o a demolir y edificios o partes de edificios de viviendas, cuyo uso sea inferior a cuatro meses al año o con consumo de energía inferior al 25% del de una primera residencia.

 ¿Quién tiene la obligación de contratar la certificación? El propietario del edificio, vivienda o local destinado a uso independiente o de titularidad jurídica diferente deberá encargar, conservar y presentar el certificado de eficiencia energética en el organismo correspondiente de su Comunidad Autonóma.

 ¿Cuándo se debe informar sobre el certificado energético? - En toda oferta, promoción y publicidad dirigida a la venta o arrendatario del edificio o unidad del edificio. - Cuando el edificio existente sea objeto de contrato de compraventa, total o parcial, será puesto a disposición del adquiriente. - Cuando el objeto del contrato sea el arrendamiento total o parcial del edificio existente, bastará con la simple exhibición y puesta a disposición del arrendatario de una copia del certificado.


 ¿Se puede alquilar o vender una vivienda, edificio o local sin el certificado? Cualquier propietario de un inmueble tiene la obligación de disponer del certificado de eficiencia energética para poder alquilarlo o venderlo. De hecho, hasta se tiene que mostrar si el anuncio se publicita en internet o en alguna inmobiliaria.

 ¿Se puede contratar la certificación una vez vendida o alquilada la vivienda? El certificado energético debe formar parte de la información que el propietario facilita al comprador o arrendatario del inmueble, por lo que este debe estar disponible antes de realizar la compraventa o el alquiler. Si ya se tiene contrato de arrendamiento

 ¿se debe obtener un certificado? Si ya existía dicho contrato de arrendamiento antes de que entrase en vigor el decreto, el 1 de junio de 2013, no es necesario obtener el certificado, así como tampoco en el caso de que éste se renueve. Sí será necesaria su obtención en el caso de un nuevo contrato.

¿Se producirán sanciones en caso de no disponer del certificado? Un propietario que venda o alquile una vivienda o local sin certificado energético puede enfrentarse a sanciones administrativas por parte del órgano competente de la Comunidad Autónoma e incluso a la anulación del contrato de compraventa o alquiler o una posible indemnización al arrendatario o comprador. Así, siempre que el certificado no aparezca en los anuncios de venta o alquiler, puede acarrear una sanción leve con hasta 300€ de multa; grave, con una multa entre 600 y 1.000€, si el inmueble se alquila durante más de cuatro meses y no se entrega el certificado correspondiente; y muy grave cuando el certificado sea falso o no se ajuste a la realidad, cuyas multas pueden ascender hasta los 6.000€.



 ¿Qué validez tiene el certificado? El certificado tiene una validez máxima de 10 años. El propietario podrá voluntariamente proceder a su actualización cuando considere que existen variaciones en el edificio que pudieran modificar el certificado de eficiencia energética.

Publicado en Fotocasa.

Informe sobre la situación de la certificación energética en las CCAA

La Asociación de Ciencias Ambientales analiza la información ofrecida por las 17 comunidades sobre la certificación energética de los edificios.

La Asociación de Ciencias Ambientales ACA ha presentado un estudio en el que se analiza la información ofrecida por las 17 comunidades autónomas sobre la certificación energética de los edificios, tras los 8 primeros meses de dicha normativa, implantada el pasado 1 de junio de 2013.
aca encuesta
El estudio ha sido realizado con el objetivo de poner a disposición de las comunidades autónomas un diagnóstico de la información ofrecida y una herramienta que permita su mejora, teniendo en consideración para ello las buenas prácticas llevadas a cabo por las propias administraciones.
Entre las conclusiones el estudio destaca que existe un importante margen de mejora de la información ofrecida, especialmente vía web, que, sin embargo, se puede realizar con un bajo coste de inversión, ampliando o incluyendo determinada información sencilla o haciendo más accesible la misma. También observa un déficit en cuanto a explicaciones más claras y divulgativas acerca de las ventajas y los objetivos del Real Decreto 235/2013, relativo a la certificación de la eficiencia energética de los edificios, en un lenguaje accesible para el ciudadano, explicaciones que eviten considerar la certificación energética como un trámite y/o impuesto más.
Como resultado del análisis realizado, las administraciones autonómicas que presentan unos mejores resultados son Navarra, Castilla y León y País Vasco. Navarra es la comunidad autónoma que posee puntuaciones altas en los tres análisis realizados, mientras que las otras dos autonomías, bajan sensiblemente su puntuación en la respuesta escrita. A estas tres comunidades autónomas les siguen Galicia, Cataluña, Islas Baleares, Madrid, Valencia y La Rioja, que han destacado en alguno de los análisis realizados, pero que poseen puntuaciones globales similares, entre el 35% y el 45% (porcentaje de la información cubierto por la comunidad autónoma). Por el contrario, en las últimas posiciones se encuentran Aragón, Murcia, Canarias y Cantabria.
La ACA considera importante incidir en la importancia de informar con precisión y claridad sobre el objeto de la normativa, las ventajas sociales y ambientales y el por qué se ha generado. Así mismo se considera que los registros de los certificados energéticos son instrumentos fundamentales para que los ciudadanos tomen sus decisiones de compra-venta o arrendamiento, por lo que es necesario que las autoridades autonómicas coordinen acciones conjuntas para armonizar los datos, obviamente, respetando la independencia autonómica de cada administración.
Por otro lado, se considera vital cuidar la información ofrecida por las diferentes vías analizadas, tanto la dispuesta vía web, como la atención telefónica o las respuestas por escrito, ya que no todos los ciudadanos son capaces de utilizar la misma vía para obtener información.
Finalmente, respecto al contenido de sus páginas web, la implementación de mejoras podrá hacerse a partir de las buenas prácticas de otras comunidades autónomas por lo que se considera que se trata de cambios o de incorporaciones, por regla general, sencillas y de bajo coste.

Publicado en http://www.construible.es/

Málaga consigue un ahorro energético de más del 25% en cinco años

Málaga ha logrado reducir su consumo gracias a la implantación de sistemas de eficiencia energética por medio de monitorización, control y gestión activa de la demanda. Endesa ha recopilado en un Libro Blanco las conclusiones de los primeros cinco años de vida del proyecto Smartcity Málaga. En este Libro Blanco, en el que se analizan los avances conseguidos por el proyecto desde 2009 hasta 2013, se recogen datos reveladores, como el logro de un ahorro de más del 25% en el consumo eléctrico general en la zona.
Teniendo en cuenta que el área de Smarcity Málaga abarca 4 km2 de extensión y engloba a 11.000 clientes domésticos y 1.200 industriales y de servicios, el proyecto demuestra el potencial de las smartcities y la importancia de la unión de tecnologías para hacer posible proyectos a gran escala.
En concreto, en el caso de los clientes industriales y de servicios, se ha logrado reducir su consumo gracias a la implantación de sistemas de eficiencia energética por medio de monitorización, control y gestión activa de la demanda. A su vez, el 42% de los colaboradores residenciales redujo en más del 10% su consumo de energía gracias al uso de kits de eficiencia energética doméstica que permiten gestionar su consumo desde cualquier parte del mundo a través de un Smartphone.
También se ha mejorado el consumo energético del alumbrado público, con la sustitución de un total de 200 puntos de luz por lámparas con tecnologías de menos consumo, como LED, con ahorros de hasta un 65%.
Esta reducción de consumo se traduce en una disminución del 20% en las emisiones de CO2, lo que supone más de 4.500 toneladas de emisiones anuales evitadas, cumpliendo de este modo uno de los objetivos marcados al inicio del proyecto: la reducción del 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero siguiendo las directrices de la Unión Europea. La reducción de emisiones procede, fundamentalmente, del ahorro alcanzado en el consumo en alumbrado público y en los clientes de elevada potencia contratada, así como de la disminución de las pérdidas técnicas de energía, de la utilización del vehículo eléctrico y de la generación de renovables en media y baja tensión en la zona.
La monitorización de toda la infraestructura en Smartcity Málaga se ha realizado mediante la interconexión de 40 kilómetros de circuitos de media tensión y 72 centros de media y baja tensión --20 de ellos, completamente automatizados para mejorar también la eficiencia-- a través del sistema PLC.
Smartcity Málaga ofrece una respuesta integral a los desafíos medioambientales, involucrando al propio ciudadano. De ahí que haya recibido desde su inicio visitas de entidades públicas y privadas de cuatro continentes y que se haya convertido en el centro experimental de otros proyectos internacionales, como los de movilidad eléctrica Green eMotion o Zem2All, o foros internacionales como Greencities.
Precisamente por este reconocimiento nacional e internacional, la ciudad inteligente Smartcity Málaga ha sido elegida como laboratorio real del Grupo Enel, del que Endesa forma parte, para el desarrollo de tecnologías inteligentes de distribución en la red eléctrica (smart grids).

Andalucía apuesta por el fomento del ahorro y la eficiencia energética

El delegado de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Ignacio Expósito de la Junta de Andalucía, ha visitado la empresa Marín Serrano “El Lagar” en Carcabuey, para conocer las acciones que ha puesto en marcha para reducir su consumo eléctrico. Esta firma ha recibido este año por parte de la Agencia Andaluza de la Energía, una subvención de 138.200 euros destinada al fomento del ahorro y la eficiencia energética.
En concreto, esta empresa ha invertido casi 553.000 euros en modificar la maquinaria existente para instalar equipos que permitan reducir el consumo energético del proceso productivo. Para ello, ha sustituido equipos de maquinaria convencional en almazara, dentro de la línea de proceso de extracción del aceite, por motores de alta eficiencia energética. La sustitución permitirá desarrollar la fase de extracción en menor tiempo, con la consecuente mejora de la calidad del producto, separar por variedades y calidades, ahorrar costes de mantenimiento de maquinaria y mejorar las condiciones de automatización.
El responsable territorial ha explicado que con esta inversión la empresa ahorrará 26,5 toneladas equivalentes de petróleo al año, “lo que supone conseguir ahorros de más de un 14% evitando la emisión de más de 122 toneladas de Co2 al año a la atmósfera”. Expósito ha informado que la ayuda otorgada a esta firma se enmarca en el convenio de colaboración firmado en mayo entre la Agencia Andaluza de la Energía y la Asociación Cordobesa de Industrias Almazaras, ACORA, para realizar actuaciones de ahorro, eficiencia energética e introducción de energías renovables en el sector, “ acuerdo que tiene gran importancia para la Junta porque sirven para impulsar medidas de mejora energética en un sector tan relevante para Córdoba como el agroalimentario. Con estas medidas se favorece la reducción de los costes energéticos en el sector de las almazaras, redundando así en la mejora de su competitividad”.
Este acuerdo incluye las oportunidades que existen ligadas a los biocombustibles, como la valorización energética y/o comercialización de la hoja de olivo y el hueso de aceituna.

Programa “Andalucía A+”

Estas ayudas se enmarcan dentro del Programa de subvenciones Andalucía A+ que ofrece apoyo económico a actuaciones de mejora energética acometidas por ciudadanos, empresas y administraciones. En el 2012, este programa apoyó con más de 1,7 millones de euros más de 1.000 proyectos que han activado en la provincia una inversión superior a los 8,2 millones de euros. De estos, 912 han sido solicitados por ciudadanos, 112 por empresas y el resto por administraciones e instituciones.

Córdoba apuesta por reducir su consumo energético

El proyecto COLUZe tiene como objetivos reducir el consumo energético, recortar sus emisiones contaminantes e invertir energías renovables.

La ciudad andaluza lanza el proyecto COLUZe que tiene como objetivos reducir el consumo energético, recortar sus emisiones contaminantes e invertir en energías renovables.
COLUZe es unainiciativa, con la que la ciudad andaluza da su primer gran paso en su camino para convertirse en una ‘smart city’ pretende mejorar la habitabilidad de forma eficiente. El proyecto busca un triple objetivo: reducir el consumo energético, recortar sus emisiones contaminantes e invertir en energías renovables, a través de su alumbrado público, edificios e instalaciones municipales y mejora o implementación de las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación).

El proyecto COLUZe se enmarca dentro de la iniciativa del Ayuntamiento 'CÓRDOBA10. CORDOBA EFICIENTE Y HABITABLE'

Este Plan cuenta con la ayuda del Fondo Europeo de Inversiones EEEF (integrado por el BEI, Comisión Europea, Deustche Bank y Caja Postal italiana), que ha demostrado su confianza en el proyecto subvencionándolo con 754.240 €. Este importe irá destinado al denominado “Plan Director de Eficiencia Energética”, a las auditorias energéticas, a la tecnología y asesoría, entre otras actuaciones, que se acaban de poner en marcha tras la formalización de la adjudicación del contrato con fecha 26.12.2013.
Este Plan Director ha de reportar resultados para poner en marcha en segundo gran paso: la contratación de Empresa/s de Servicios Energéticos (ESE) para llevar a cabo un gran paquete de medidas diagnosticadas y propuestas por las consultorías, que contribuyan a consolidar la marca de ciudad “CÓRDOBA 10”.

Proyecto COLUZe

En los próximos seis meses, COLUZe desarrollará los estudios para realizar las auditorías energéticas que servirán para definir la situación de partida y proponer medidas para llevar a efecto las soluciones de eficiencia energética que permitan, no solo ahorrar en energía y emisiones de CO2, sino realizar actuaciones que redunden en la mejora de la habitabilidad de la ciudad.
El proyecto aborda cuatro grandes áreas de actuación:
  • Iluminación inteligente: actuar sobre los 50.000 puntos de luz de la ciudad y sus 730 cuadros de mando, buscando reducir el consumo y mejorar la funcionalidad, pero sin olvidar el cuidado de la riqueza monumental y urbanística del Patrimonio de la Humanidad con el que cuenta la ciudad.
  • Servicios inteligentes: desarrollo de las redes de comunicaciones y servicios de última generación (electricidad, calefacción, comunicaciones, saneamiento, etc.), que permitan mejorar su uso, racionalizar los recursos y transformar el consumo hacia energías renovables.
  • Gobierno inteligente: participación ciudadana en el gobierno de la ciudad, prestación de servicios, medidas y políticas para la mejora de la habitabilidad, el medio ambiente y la eficiencia en el uso de los recursos. Todo ello utilizando las nuevas tecnologías, mejorando las instalaciones y sistemas informáticos que dan servicio a la ciudad.
  • Urbanismo y edificios inteligentes: invertir en los edificios públicos municipales para convertirlos en saludables, eficientes y sostenibles, incorporando las últimas tecnologías y reduciendo el consumo energético y la emisión de CO2.
Las inversiones previstas tras la realización de las auditorías, en la segunda fase del plan, oscilan entre los 18 y los 20 millones de euros. La inversión final dependerá de la capacidad de ahorro que diagnostiquen las auditorías, dado que el plan se ha ideado de manera autosuficiente para que con el propio presupuesto municipal se puedan financiar las soluciones con los ahorros conseguidos.

Plan Director de Eficiencia Energética de la ciudad de Córdoba

Por tanto, el primer paso del proyecto COLUZe será realizar los estudios de auditorías energéticas que acaban de adjudicarse a la UTE INERSUR-CREARA, empresas que llevarán a cabo un análisis en detalle de las instalaciones de alumbrado público, TIC y edificios municipales, para elaborar el Plan Director de Eficiencia Energética. Entre otros contenidos, este documento contendrá las directrices de lo que deben ser esas instalaciones, qué medidas de mejora deben implantarse y cuáles serán los costes y ahorros derivados de ellas. Todo ello deberá tener en cuenta la singularidad de la ciudad, conjugando aspectos artísticos, turísticos y de calidad ambiental.
Para ello, varios equipos técnicos cualificados van a trabajar sobre el alumbrado de las calles, haciendo pruebas, mediciones y recopilando gran cantidad de información. “Aunque esta labor de recopilación de datos puede crear cierta extrañeza al ciudadano, al ver funcionando la instalación a la luz del día, tiene un fin claro, y se intentará reducir en lo posible las molestias ocasionadas. En cualquier caso, no afectará al funcionamiento normal del alumbrado público durante el horario nocturno”, advierte Laura Ruiz Moral.
Para evitar molestias Ruiz ha indicado que “en los edificios municipales se trabajará de forma simultánea, procurando no entorpecer el normal funcionamiento de los mismos”.
Del análisis exhaustivo de todos los datos, se extraerán las conclusiones sobre cómo mejorar el servicio prestado por cada instalación, con la inversión precisa, el máximo ahorro y la incorporación de tecnologías de la información, que permitan en los próximos años gestionar las infraestructuras municipales de forma inteligente y con participación directa de los ciudadanos, de ahí la necesidad de que todo este esfuerzo se recoja en un plan lumínico de la ciudad.
Una vez concretado todo esto en el Plan Director de Eficiencia Energética, el Ayuntamiento buscará la mejor forma de llevarlo a la práctica entre las distintas alternativas que se planteen. En principio ya está planificadas ciertas actuaciones puntuales en un área piloto que permita observar la transformación. También se contará con la participación ciudadana de los colectivos y personas directamente afectados, en especial con los propietarios del patrimonio cultural y con la Universidad y se presentará al resto de grupos municipales, como proyecto lumínico de ciudad.

Condena a España por incumplir la Directiva de Eficiencia Energética

El Tribunal de Justicia Europeo condena a España por incumplimiento de estado de la Directiva 2002/91/CE de Eficiencia Energética de los Edificios

El Tribunal de Justicia Europeo ha condenado a España al pago de costas tras un recurso interpuesto el 9 de febrero de 2012 por la Comisión Europea al Reino de España por Incumplimiento de Estado: no adopción o no comunicación, dentro del plazo previsto, de todas las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 3, 7 y 8 de la Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativa a la eficiencia energética de los edificios (DO 2003, L 1, p. 65), en combinación con el artículo 29 de la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética de los edificios (DO L 153, p. 13)
El Tribunal ha declarado culpable a España al no haber adoptado todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para ajustarse a los artículos 3, 7 y 8 de la Directiva 2002/91/CE2 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativa a la eficiencia energética de los edificios y en, cualquier caso, al no haberlas comunicado a la Comisión, el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de dichos artículos puestos en relación con el artículo 29 de la Directiva 2010/31/UE[1] del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética de los edificios.
El artículo 15 de la Directiva 2002/91/CE prevé que los Estados miembros adoptarán las disposiciones necesarias para cumplir dicha Directiva a más tardar el 4 de enero de 2006. La Comisión ha observado que hasta ahora el Reino de España no ha adoptado las disposiciones necesarias en lo que se refiere a los artículos 3, 7 y 8 de la Directiva 2002/91/CE o que, en cualquier caso, no las ha comunicado a la Comisión.
Algunos de los puntos incumplidos que señala la sentencia son:
  • Los Estados miembros aplicarán, a escala nacional o regional, una metodología de cálculo de la eficiencia energética de los edificios (Art. 3 de la Directiva 2002/91)
  • Los Estados miembros velarán por que, cuando los edificios sean construidos, vendidos o alquilados, se ponga a disposición del propietario o, por parte del propietario, a disposición del posible comprador o inquilino, según corresponda, un certificado de eficiencia energética (Art. 7)
  • Medidas en relación a la inspección de calderas con vistas a la reducción del consumo de energía y a la limitación de las emisiones de dióxido de carbono de las calderas (art. 8)
  • Poner en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en esa Directiva a más tardar el 4 de enero de 2006, artículo 15,
La Comisión imputa al Reino de España no haber adoptado todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a los artículos 3 y 7 de la Directiva 2002/91 y, en todo caso, no habérselas comunicado, ya que el Real Decreto 1027/2007 únicamente contiene normas sobre la metodología de cálculo de la eficiencia energética de los edificios y sobre el certificado de eficiencia energética en lo que respecta a los edificios de nueva construcción, pero no contempla los edificios existentes. Alega igualmente que, en su respuesta al dictamen motivado, el Reino de España reconoce, en sustancia, que la transposición completa en Derecho español no se ha realizado aún y se limita a indicar que ésta tendrá lugar en la fecha en que se apruebe el proyecto de Real Decreto sobre certificación de edificios existentes.
Puedes leer la sentencia completa de Condena al Reino de España en la web del Tribunal de Justicia Europeo.

Publicado en  http://www.construible.es/


Andalucía ya ha tramitado 60.000 certificados de eficiencia energética

Andalucía ha cerrado el año superando la barrera de los 50.000 certificados energéticos tramitados a través de la aplicación on line diseñado por la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo para que, de este modo, los profesionales que efectúen las auditorías energéticas en los distintos inmuebles puedan registrar los certificados concedidos por vía telemática. Así se consigue, por una parte, evitar a los ciudadanos la realización de ese trámite, y por otra facilitar su ejecución a los especialistas, que no deben desplazarse para ello hasta una Delegación Territorial. En virtud del Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, deben efectuarse certificaciones energéticas en inmuebles que estén en uso si su propietario desea venderlo o alquilarlo, así como en todos los edificios administrativos donde se ocupe una superficie igual o superior a 250 m2 y sean frecuentados por el público. Hasta su entrada en vigor, a mediados de este año, en Andalucía ya existía un decreto autonómico, el 169/2011, de 31 de mayo, que establecía la obligatoriedad de realizar una certificación energética para edificios de nueva construcción o sometidos a grandes reformas. Ese certificado andaluz no sólo recogía la calificación energética del edificio, sino también el cumplimiento de las exigencias básicas de ahorro energético y energías renovables, así como la validez de los Planes de Gestión de la Energía, que también deben elaborarse de acuerdo con dicha norma. Con la puesta en marcha del decreto de 2013, esa obligatoriedad también se hace extensiva por parte del Gobierno central a las edificaciones existentes de todo tipo que se vendan o alquilen, y a una parte de las sedes administrativas. Por ese motivo, y para facilitar las gestiones que implica el registro del nuevo certificado –algo que el Gobierno central ha derivado hacia las autonomías-, la Junta de Andalucía ha adaptado la Orden de 25 de junio de 2008 con el propósito de que toda la tramitación pueda realizarse on line, evitándose molestias al usuario. Actualmente, a finales de diciembre, la aplicación on line que lo permite se ha convertido en el tramite teemático más utilizado de todos los desarrollados por la comunidad autónoma. Del mismo modo, la gestión telemática de estos trámites facilita la simplificación administrativa, transparencia y accesibilidad a la información y a los servicios, constituyendo además una herramienta que facilita el control administrativo de los certificados que se registren y el acceso sencillo de los ciudadanos a la información, al que tienen derecho de acuerdo con la normativa vigente.